En Colombia, el Partido Comunista ha sido una pieza fundamental en la historia política del país, pero también una de las más perseguidas. Desde su fundación, ha sufrido estigmatización, represión estatal y exterminio. A lo largo de los años, sus militantes fueron blanco de violencia sistemática, como lo evidenció el genocidio de la Unión Patriótica en los años 80, resultado de la firma de los acuerdos de paz. En lugar de ser reconocidos por su lucha en favor de los derechos sociales, fueron reducidos a la categoría de enemigos del orden establecido. A pesar de los intentos de silenciarlo, el Partido ha resistido y perdurado, demostrando que, en Colombia, la política tiene un alto precio, especialmente para aquellos que desafían el poder.

La Fundación Semillas de Amor, Fruto de Paz y Perdón, liderada por Gloria Vásquez, tiene como misión transformar las vidas de las víctimas del conflicto armado en Manizales, especialmente de los más jóvenes. A través de programas educativos, psicológicos y sociales, la fundación busca ofrecerles herramientas para superar las secuelas del conflicto y brindarles un futuro de esperanza y paz. Más allá de visibilizar el dolor, la fundación promueve la sanación y la reconciliación, dando a las nuevas generaciones la oportunidad de reconstruir sus vidas y dejar atrás el sufrimiento del pasado.

34 años después, las víctimas del Bloque Tolima reconstruyen sus historias en un contexto marcado por la violencia y el sufrimiento. Carlos Suárez, Carlos Alfaro, Diomedes Zuluaga, Elcy Chacón y José del Carmen comparten sus relatos, recordando los momentos fatídicos que han dejado huellas indelebles en sus vidas y en sus comunidades.

En esta serie, las voces de los sobrevivientes rinden homenaje a aquellos que fueron asesinados y desaparecidos, al tiempo que denuncian la impunidad que aún persiste. Cada uno de ellos aporta su testimonio, revelando cómo el conflicto armado ha alterado sus realidades y forzado a muchos a vivir en un ciclo de dolor y desarraigo. A través de estos relatos, se busca visibilizar las injusticias que han enfrentado y la lucha por la verdad, así como la necesidad de memoria y justicia en un país que sigue lidiando con las secuelas de su pasado.

El periodismo en Colombia es una práctica marcada por el peligro y la valentía. En medio de amenazas constantes, los periodistas se juegan la vida no solo para informar, sino para dar voz a quienes han sido silenciados por el conflicto. En un contexto donde el miedo y la censura se cruzan con la violencia estructural, cada reportaje se convierte en un acto de resistencia. Las amenazas, las balas, la represión: todo esto forma parte del día a día de aquellos que siguen comprometidos con la verdad, la memoria y la justicia. La historia del periodismo colombiano es, además, la historia de un país que se niega a callar y a olvidar, a pesar de todo lo que ha pasado.

Entre 2002 y 2008, Colombia vivió una tragedia que desnudó lo peor del poder estatal: los falsos positivos. Bajo el pretexto de ganar una guerra sin fin, el Estado diseñó y ejecutó un sistema perverso donde el valor de la vida humana se redujo a estadísticas y trofeos de guerra. Miles de jóvenes, como Fabián Ayala, fueron arrancados de sus vidas para ser convertidos en guerrilleros ficticios. La recompensa: aplausos y ascensos militares.

Óscar Montealegre, exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), rompió el silencio para hablar sobre su proceso de transformación personal y su búsqueda de paz. En su testimonio, asegura que la guerra dejó cicatrices profundas en su vida, pero a través de su participación en el proceso de reparación ha podido reconocer sus errores y ofrecer perdón a las víctimas. Para Montealegre, este camino no solo ha sido un intento de acercarse a quienes sufrieron por sus acciones, sino también una oportunidad para reencontrarse con la esperanza y un propósito de vida.

El Auto 16 de 2024 de la JEP marca un momento clave en la justicia transicional de Colombia. Con esta resolución, se involucra a excombatientes del Comando Conjunto Central de las FARC-EP en el proceso de esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, lo que genera un debate crucial sobre la responsabilidad penal y la reparación a las víctimas. Mientras algunos celebran los avances hacia la verdad y la justicia, otros cuestionan el principio de selección y la renuncia a la acción penal para ciertos excombatientes. ¿Estamos realmente más cerca de una justicia plena, o este proceso favorece a quienes cometieron los crímenes?

Durante las décadas de 1980 y 1990, Tolima y Quindío fueron testigos de una violencia implacable que dejó una huella profunda en muchas familias. Guerrillas como las FARC-EP utilizaron el Cañón del Combeima como refugio, mientras que los paramilitares, bajo figuras como Carlos Castaño, llegaron a imponer su dominio. Las masacres, desplazamientos forzados y la violencia sexual fueron parte de la realidad cotidiana para los campesinos atrapados en medio de este conflicto.

Hoy, esos mismos paisajes, marcados por el dolor y la tragedia, siguen siendo testigos de un pasado oscuro. Sin embargo, las historias de resistencia y sobrevivencia nos recuerdan que, aunque el camino hacia la reconciliación aún parece lejano, no todo está perdido. Las voces de las víctimas siguen vivas, manteniendo encendida la esperanza de un futuro diferente.